1. La crisis que vive Panamá ha superado los límites del debate sobre la LEY 30 o sobre las modificaciones a la Ley Ambiental y afecta a las bases del Estado de Derecho.
2. Estamos escandalizados y preocupados por la violación de los Derechos Humanos y Constitucionales en la provincia de Bocas del Toro y en otras zonas del país.
3. Pedimos transparencia sobre el estado de los heridos en Bocas del Toro, sobre los fallecidos y sobre las víctimas reales de este conflicto, así como atención, justicia y reparación.
4. Queremos denunciar la violación de los derechos civiles y políticos básicos (tales como el derecho a reunión, manifestación, a la libre expresión, y al debido proceso legal) de los panameños y panameñas.
5. Señalamos la “militarización” de la Policía Nacional y los poderes extraordinarios y que vulneran las garantías constitucionales que se les ha dado con la Ley 30 y que se han traducido en un uso excesivo de la fuerza quedará impune gracias a la Ley 30.
6. Exigimos el cese del uso de armas de fuego contra la ciudadanía y pedimos a los agentes que no repriman a su propio pueblo.
7. Repudiamos la persecución arbitraria de líderes sindicales, educadores, indígenas y ambientales, así como de periodistas. Queremos destacar el hostigamiento contra la ambientalista de Chiriquí Yaritza Espinosa y de los periodistas que han sido defensores del ambiente en Panamá como Carlos Núñez y Paco Gómez Nadal.
8. Señalamos que funcionarios del Estado han faltado al respeto a la población originaria de Bocas del Toro en una clara muestra de descriminación contra los indígenas.
9. Nos preocupa el limitado acceso de la ciudadanía panameña a información independiente y balanceada sobre lo que está aconteciendo en el territorio nacional. Pedimos al Gobierno que no mienta al país y que permita a los medios de comunicación cubrir de forma libre la información.
10. Consideramos que es hora de que organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos y por la Democracia en el Hemisferio intervengan como mediadores ante la poca apertura al diálogo y represión que ha mostrado el Ejecutivo de Panamá.
11. Exigimos al gobierno la derogación inmediata de la Ley 30 y de la Ley del Carcelazo y el respeto de los procesos democráticos de presentación y discusión de las leyes con una amplia participación ciudadana.

Estamos circulando el comunicado, se ha utilizado la figura de Red de Ambientalistas por la Democracia pero requerimos cuanto antes de la firma de las organizaciones e individuos que quieran unirse.
Por favor circúlenlo y logren la mayor cantidad posible. Confirmen su adhesión directamente al siguiente correo: redampanama@gmail.com
Pronto enlace directo para firmar el comunicado!

RED DE AMBIENTALISTAS POR LA DEMOCRACIA EN PANAMÁ

2010.06.16 – Una amplia coalición informal de miles de ciudadanos sin afiliación, agrupaciones ambientales, sociales, obreras y de derechos humanos se ha organizado en contra de la ley 30, que ya ha sido sancionada y publicada. La ley ha motivado un intenso debate nacional y atención internacional debido a lo que se percibe como un importante paso de la administración con miras a realizar su programa de “desarrollo”. El presidente, por su parte, se ha mostrado dispuesto a asumir el costo político a casi un año de gestión, y diversos grupos de abogados preparan demandas en contra de la forma y el fondo de la ley.

El jueves 17 de junio varios miles de personas marcharon de forma pacífica hacia la presidencia de la república, bajo la amenaza explícita del ejecutivo de que la marcha sería reprimida por la Policía Nacional, cuyos agentes gozan, bajo la nueva ley, de mayor libertad de acción para cometer actos violentos contra los ciudadanos. Esta fue la segunda marcha después de otra convocada por organizaciones ambientales dos días antes.

2010.06.14 – El proyecto de ley “9 en 1″ espera la sanción del presidente Ricardo Martinelli y su publicación en la Gaceta Oficial para convertirse en ley. La ley terminó su paso por la Asamblea peor que como empezó, incluyendo ahora la posibilidad de eximir proyectos privados del requisito de estudios de impacto ambiental. La lectura y votación en tres debates del proyecto de ley en la Asamblea ha motivado una reacción sin precedentes en los diez meses del gobierno populista de Martinelli.

Baja aquí (PDF, 1.5 MB) la versión final del proyecto de ley 177 aprobada en tercer debate.

Los artículos que modifican el código de trabajo (derecho a huelga, organización sindical) y el reglamento de la policía, junto con el relajamiento de los requisitos ambientales de proyectos designados por el ejecutivo, han sumado a diversas organizaciones y ciudadanos al movimiento de oposición. El sábado, una protesta pacífica en torno a la Asamblea no logró evitar la aprobación del proyecto, que ocurrió a lo largo de líneas partidistas, pero acaparó la atención de los medios de comunicación y atrajo a cientos de personas.

El artículo relativo al impacto ambiental, el artículo 33, fue reescrito en su totalidad, refiriéndose ahora a un proceso de “guía de buenas prácticas ambientales” y permitiendo que obras privadas puedan acogerse al nuevo régimen. Se eliminaron las excepciones hechas a megaproyectos mineros, hidroeléctricos y otros que fueron introducidas en el primer debate, relajando de hecho la normativa ambiental a toda actividad, obra o proyecto, pública o privada, de “interés social” o no.

2010.06.11 – El proyecto de ley 177 ha sido aprobado por la Asamblea Nacional en primer y segundo debate en medio de fuertes acciones de protesta por parte de sindicatos, el movimiento ambiental, otros miembros de la sociedad civil y diputados de oposición. Se esperan más protestas en la Asamblea durante el tercer debate el sábado 9 de junio.

Baja aquí (PDF, 1 MB) el proyecto de ley 177 con las modificaciones hechas en el primer debate, que incluyen que los proyectos mineros, hidroeléctricos y otros no podrán ser exentos del requisito de presentar EIA. Esta modificación fue rechazada por los grupos ambientales, que exigen la derogación del artículo 27 del proyecto.

Mientras tanto, la campaña de antiinformación del gobierno no se hizo esperar. En una nota en el sitio web de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea, José Luis Varela, invoca credenciales de reforestador y acusa a los grupos ambientalistas de tener “intereses económicos muy grandes”. Los ambientalistas, a través de una campaña de Facebook, habían invitado en la mañana a la ciudadanía a enviar mensajes de texto a Varela. Aquellos que lo hicieron recibieron en respuesta el siguiente mensaje:

“Lee la ley, no es como lop pintan! Hay grupos ambientalistas que estan tras negociados grandes!! Este gobierno no dañara el ambiente pero necesitamos desarrollo, el metro para acabar el problema del transporte y muchos otros proyectos mas. De todas formas gracias.”

Los estudios de impacto ambiental (conocidos por las siglas “EIA”) son una herramienta para controlar de qué manera una obra puede afectar al ambiente y darle o no darle permiso de proceder, o modificarla para controlar ese impacto. Cualquier persona o empresa que quiera construir algo, o sacar algo de la tierra, o modificar algo debe presentar un EIA y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) debe aprobarlo antes de empezar a trabajar.

Existen estudios de distinta categoría, dependiendo de si el proyecto es, digamos, una ampliación de la terraza de tu casa en la ciudad, o una mina de oro gigante en medio de un bosque virgen. Ya hoy en día muchos EIA son poco más que un requisito burocrático sin valor científico alguno. En otros casos, como fue el de la mina de Petaquilla, las empresas con poder e influencia pueden empezar a operar sin que sus estudios sean aprobados. Por otro lado, muchos proyectos diferentes en un sólo lugar pueden tener un “efecto acumulado” que los EIA no reflejan. Tal es el caso de las hidroeléctricas gigantes en los ríos de Chiriquí. Cada una presenta su pequeño estudio, pero ninguna evalúa el efecto de todas esas hidroeléctricas juntas en un sólo río. Ciertamente el mecanismo de los estudios de impacto ambiental debe ser reformado.

De hecho, el administrador de la ANAM, Javier Arias, ha afirmado en su momento que habría que agilizar el proceso de los EIA, pero nadie se imaginaba que el ejecutivo los querría eliminar del todo. El artículo 27 del proyecto de ley establece que las actividades o proyectos del Estado que sean declarados de “interés social” estarán exentos de presentar EIA. Además, por ahí mismo, deroga el artículo de la ley 41 de 1998 que incentiva a los ciudadanos a denunciar delitos ambientales.

El proyecto de ley, presentado por el ministro de gobierno y justicia, José Raúl Mulino, tiene supuestamente el objetivo de “promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial en Panamá”, pero la eliminación del requisito del EIA fue introducido subrepticiamente. Se incluyen además otras perlas ocultas como la prohibición de suspender o detener preventivamente a los policías que cometan crímenes violentos (artículo 23) y modificaciones al código de trabajo en lo relativo a huelgas (artículos 12 a 15).

El uso de la frase “desarrollo sostenible” en el título del proyecto de ley es otra muestra más de cómo el concepto ha perdido todo significado, o más bien ha confirmado la contradicción que hay en él: no puede existir “desarrollo”, es decir crecimiento económico, que sea infinito y sostenible.

Baja aquí el Proyecto de Ley No. 177, “Que adopta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, actividades en desarrollo y dicta otras disposiciones” (PDF, 552KB)

Esta semana el diario La Prensa publica una serie de artículos sobre la privatización de los ríos en Chiriquí para la producción de energía eléctrica. Resulta que el agua de la provincia que es el granero de Panamá, donde se produce buena parte de la comida, está siendo regalada al negocio de encerrar ríos para vender electricidad al extranjero.

Ver en el diario La Prensa:

Hidroeléctricas: 63 proyectos en cuatro cuencas
Exigen estudio acumulativo
Los rostros detrás de las hidroeléctricas

Las grandes empresas hidroeléctricas, como AES Panamá (estadounidense) y Empresas Públicas de Medellín (colombiana) y otras más, están aprendiendo a hacer las cosas mejor. Es decir, han aprendido a cuidar su imagen, a usar a la policía para desalojar los sitios de sus proyectos, a recibir subsidios para “energía limpia” y a comprar el silencio del gobierno y de la sociedad civil. Los proyectos hidroeléctricos gigantes de Chiriquí y Bocas del Toro son presentados por hábiles relacionistas públicos como energía renovable y ecológica, y además como necesaria para nuestro desarrollo.

Proyecto hidroeléctrico Estí: río canalizado (derecha) y cauce seco

Porque las hidroeléctricas pequeñas, a escala de pueblo, son de las mejores y más confiables fuentes de energía renovable. En cambio, cuando hablamos de hidroeléctricas gigantes, como se puede ver en las fotos aéreas de La Prensa, son proyectos de enorme impacto sobre los bosques y los ríos y sobre la vida de la gente. Ningún turista viene a ver un río represado y canalizado, nadie puede remar en su cayuco pasando una turbina. ¿Para qué es la electricidad? La idea es que buena parte sea exportada hasta Estados Unidos y países de Centro y Sur América. Y los principales usuarios en Panamá son los edificios y centros comerciales de Panamá, el mismo crecimiento urbano desordenado que sufrimos los habitantes de la ciudad. Poco o nada va destinado al verdadero desarrollo.

Lo interesante de las hidroeléctricas es que nos obligan a pensar en temas fundamentales. Sobre el tipo de desarrollo que tenemos en Panamá y el precio que tienen pagan nuestros ecosistemas. Sobre la comida que se produce en Chiriquí: dónde se produce, quién la produce y qué se produce. Sobre los ríos, quién los usa y quién es su dueño. ¿Cuántos niños naso vale un rascacielos? ¿Cuántos ríos vale la pena destruir a cambio de un mall en la ciudad?

De vuelta a la edad de piedra

¿Cuál es la alternativa, entonces? ¿Será que los ecologistas queremos regresar a las cavernas e iluminarnos con una fogata? Indudablemente hay quienes piensan así. Pero vivir en ciudades y usar tecnología moderna no es sinónimo de destrucción ambiental. Es posible mantener los avances de la civilización y deshacernos de sus retrocesos al mismo tiempo.

El primer punto que hay que considerar es la eficiencia energética. El sector comercial, el principal consumidor de energía del país, no se distingue por sus esfuerzos en eficiencia, en parte porque la energía sigue siendo relativamente barata. Un centro comercial enorme como el Albrook Mall, con aire acondicionado en todos sus espacios puede ser algo muy cómodo en un país caliente, pero es una aberración ecológica. Un sólo supermercado 24 horas consume más electricidad que un pueblo pequeño. Muchos edificios de oficinas en la ciudad permanecen con luces encendidas toda la noche. Quizá podemos aprender algo de la arquitectura del área del Canal, donde las residencias fueron concebidas para contrarrestar el calor y la humedad con diseños aptos para el trópico.

Las inversiones en energía realmente renovable, como la solar y eólica (del viento) ha aumentado en los últimos años, mejorando dramáticamente la eficiencia y los costos de estos métodos de generación. Panamá tiene sol todo el año y lugares aptos para el establecimiento de parques eólicos (que también son controversiales). El potencial solar, tanto fotovoltaico (para producir electricidad) como térmico (para producir calor) está apenas explorado, si bien varios pueblos en Panamá ya usan la energía solar descentralizada como principal fuente de energía.

Porquela la descentralización de la generación energética es igualmente necesaria. Dejar pensar que los únicos proyectos de generación que existen son los proyectos gigantes. Las plantas hidroeléctricas o solares más pequeñas y locales suelen ser menos dañinas al ambiente y las personas y la distancia que tiene que recorrer la electricidad generada es más corta, aumentando la eficiencia y requiriendo menos generación.

Pero más que nada, hay que cuestionar la lógica del crecimiento económico infinito. Si pensamos que la única economía posible es una que sólo sabe crecer sin límites, tarde o temprano terminaremos de consumir todo el “capital natural” que sostiene a la humanidad y a su economía, es decir los ríos, el suelo, el aire y al biodiversidad. Estos son valores que casi nunca son incluidos en las ecuaciones de los economistas, pero destruir los ríos, sus ecosistemas y la gente que vive de ellos para alimentar más centros comerciales en la Ciudad de Panamá es un absurdo que estamos obligados a reconsiderar.

22 de abril. El Centro para la Diversidad Biológica (CBD) ha dado a conocer un estudio científico que sostiene que las represas hidroeléctricas que en la actualidad se construyen en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí afectan irreversiblemente la diversidad biológica del Parque Internacional de La Amistad (PILA), Sito de Patrimonio Mundial de la Humanidad que Panamá comparte con Costa Rica.

El estudio elaborado por la Asociación ANAI con sede en Costa Rica señala categóricamente: “Basados en toda la información disponible, concluimos que no existe ninguna posibilidad de mitigación efectiva para contrarrestar las alteraciones ecológicas que resultarían de la ejecución de los planes existentes de construcción de las represas en la región de La Amistad”.

Ante esta amenaza, ANAI solicita a la UNESCO que declare al PILA como Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad en peligro y que active todas las acciones de protección que tiene a su disposición.

Según el informe, al menos ocho especies de peces y ocho especies de camarones se verán directamente afectadas por la construcción de las represas al no poder utilizar el río como corredor para desovar y reproducirse. Se espera que los efectos a largo plazo sean mucho mayores al afectarse las cadenas alimenticias, poniendo en peligro a la biota única del Parque Internacional La Amistad. Un reciente estudio de Iniciativa Darwin descubrió 31 especies de plantas y animales nuevas para la ciencia en los bosques de La Amistad entre Panamá y Costa Rica.

En la actualidad, al menos cuatro proyectos de grandes represas se construyen en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. Dos de ellos -Bonyic y Changuinola I (Chan 75)- también han sido señalados en informes internacionales que documentan la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas Naso y Ngöbe de Bocas del Toro. A pesar de estos señalamiento, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de Naciones Unidas, las dos ultimas administraciones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) han hecho caso omiso a los impactos sociales y ambientales de estos proyectos y en su lugar han concedido miles de hectáreas de áreas protegidas a las empresas multinacionales AES Changuinola y Empresas Publicas de Medellin (EPM) para la explotación de estos recursos naturales.

Según el biólogo Ariel Rodríguez, presidente de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá, “la administración del Estado sigue permitiendo que la especulación energética a nivel regional dicte las pautas y se adjudiquen a sí mismos las cuencas hidrográficas del país”.

Hace tres años, el 22 de abril, Día de la Tierra, unas 30 organizaciones nacionales e internacionales presentaron en Boquete una solicitud a la UNESCO para que se declarara al Parque Internacional La Amistad como Sitio de Patrimonio Mundial en Peligro en base a las amenazas causadas por la construcción de hidroeléctricas, la cacería furtiva y el avance de la ganadería comercial dentro del Parque. Esta petición es renovada de nuevo en 2010.

Para mayor información, por favor comunicarse con Ariel Rodríguez, Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) (Tel. 223-9170) o Peter Galvin, Center for Biological Diversity (CBD) (pgalvin@biologicaldiversity.org).

El presidente de la República, Ricardo Martinelli afirmó en un foro internacional que está dispuesto a hacer cambios en el Código Minero vigente en el país con el fin de facilitar inversiones de otros países en territorio panameño y por considerar que el territorio panameño tiene un gran futuro en este campo.

Estas declaraciones generan preocupación e indignación entre las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y en las comunidades que se verán afectadas económica y socialmente. El desarrollo sostenible del país estará en alto riesgo debido a la intensiva y amplia explotación de la minería a cielo abierto que quiere promover el presidente desconociendo las reiteradas peticiones para una moratoria en la concesión de licencias de minería hasta no evaluar de forma adecuada su impacto.

Es desafortunado que el jefe de Estado ofrezca en venta al país al mejor postor, en detrimento de nuestro capital natural y humano, ya que los recursos naturales son el activo más valioso con que pueden contar las presentes y futuras generaciones. No se puede olvidar que el agua y la tierra son base de la vida y de una riqueza natural irremplazable la cual el país puede inteligentemente aprovechar para promover un desarrollo sostenible y de largo plazo.

El presidente desconoce además la división de poderes, comprometiendo un cambio en la legislación que, en todo caso, no corresponde al Ejecutivo.

La alta agresividad para con el suelo y el agua que caracteriza a la práctica de explotación a cielo abierto (como en los casos de oro o del cobre) perjudica a poblaciones cuya sobrevivencia y calidad de vida depende de la salud de los ecosistemas, tanto dentro como fuera de las zonas de este tipo de explotación. Los impactos de esta actividad alcanzan finalmente a la agricultura, a la ganadería y al turismo por cientos de años y para miles de personas, debido al drenaje ácido, la contaminación por químicos y por el alto consumo del agua que esta actividad requiere.

Existen suficientes ejemplos en todo el mundo y aquí mismo en la región tropical de Latinoamérica y del Caribe en donde no existe ningún caso de explotación minera a cielo abierto en países tropicales como el nuestro en donde no haya habido graves efectos al ambiente e irreparables pérdidas económicas y sociales. No por pocas y ligeras razones la Presidente electa de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha decidido establecer nuevamente una moratoria de esta actividad para proteger el ambiente y el futuro de su país.

Para los firmantes y para la gran mayoría de las panameñas y los panameños es inadmisible que se desconozca que los beneficios de la minería sólo son para unos pocos y por poco tiempo, y que los efectos dañinos de esta actividad pueden ser para siempre y para todo un país.

Instamos por tanto al actual gobierno a que recapacite y revierta la actual política de promoción del país a los explotadores de metales en particular por las graves consecuencias ambientales y sociales de esta práctica, consecuencias que al final lamentaremos como comunidad panameña y muy especialmente las futuras generaciones.

ACD / Alianza para la Conservación y el Desarrollo
ANCON / Asociación Nacional para la Conservación y el Desarrollo
APTSO / Asociación Panameña de Turismo
CIAM / CENTRO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DE PANAMÁ
COLIBRÍ, Asociación Ecologista de Panamá
FUNDACIÓN ALBATROS MEDIA
FUNDACIÓN AVIFAUNA
FUNDACIÓN ALMANAQUE AZUL
FUNDECO / Frente Unido en Defensa del Ecosistema
FUNDICCEP / Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los ecosistemas en Panamá
HUMAN RIGHTS EVERYWHERE PANAMÁ
JUSTICIA, PAZ E INTEGRACIÓN DE LA CREACIÓN-Padres Claretianos Centroamérica
MANOS & CEREBROS, Acción y Opinión
MOVIMIENTO JUVENTUD KUNA (MJK)
OILWATCH PANAMÁ
PANAMÁ PROFUNDO
PROMAR / Fundación para la Protección del Mar
Raúl Leis R, como Secretario General CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) y Presidente de CEASPA (Centro de Estudios y Acción Social Panameño)
SOCIEDAD AUDUBON DE PANAMÁ
VOCES ECOLÓGICAS

Ciudad de Panamá, 6 de abril de 2010

Poco a poco Almanaque Azul se fue convirtiendo en algo más serio y más activista. Nuestra misión, promover el turismo sustentable y basado en la comunidad, se fue definiendo. La opinión pública se fue dando cuenta de lo que pasaba y en las comunidades costeras más golpeadas, como las islas de Bocas del Toro, la gente se fue organizando en torno a la defensa de la tierra y la naturaleza. Cuando se discutía la ley del “turismo residencial” en 2006 (la Ley 2), se enfrentó con una fuerte oposición de parte del movimiento ambiental urbano y de la gente de la costa.

Hoy la Fundación Almanaque Azul ha crecido, finalmente estamos haciendo el libro de viajes en Panamá que siempre quisimos tener y estamos trabajando con la gente de Las Perlas para ayudarlas a crear su propia visión del turismo, en la que la gente sea la protagonista y la naturaleza se siga protegiendo.

Queda muchísimo por hacer, y cada día aprendemos más. Gracias a todos los que nos han dado la mano en estos cinco años: sin el apoyo del público, de otras agrupaciones y del trabajo voluntario de nuestros colaboradores y exploradores no hubiésemos llegado hasta aquí.

Mir Rodríguez
Presidente

La Resolución No. 5 del 22 de febrero de 2010, expedida por la Gobernación de Veraguas, establece textualmente lo siguiente: “A solicitud del excelentísimo señor presidente de la República, Ricardo Martinelli… (…) se ordena el lanzamiento inmediato…”.

La resolución no hace referencia a la cantidad de familias que deberán abandonar el área, pero moradores informaron que, hasta la fecha, 25 familias han sido desalojadas.

Lee el resto del artículo en prensa.com

Este sábado 27 de marzo de 2010, cientos de millones de personas alrededor del mundo participarán y tú puedes unirte y hacer el cambio. Ese día, a las 8.30 pm, sólo tienes que apagar todas las luces y todos los aparatos eléctricos. Por una hora. Es una manera de manifestar la urgencia de tomar medidas drásticas para evitar el cambio climático catastrófico, a través de un acuerdo fuerte entre los países.

Puedes encontrar más información y aprender cómo participar aquí (sitio de WWF Colombia) y aquí (sitio global de La Hora del Planeta, en inglés)

El pasado 22 de febrero, mediante Resolución No. 5 de esa fecha que lleva la firma del gobernador Acosta, y que indica que se procede por instrucciones del presidente, Ricardo Martinnelli, el funcionario, en compañía 40 unidades de la Policía Nacional, procedió al desalojo de estas 22 familias.

El procedimiento fue violento, ya que les destruyeron y quemaron sus ranchos y viviendas de cemento en los sectores de La Quilla, El Panamá, El Mamey, Playa Blanca y La Caleta.

Ayer, el hecho de que el gobernador Acosta ordenara el desalojo sin antes notificar a las familias de esta decisión, provocó que el grupo de campesinos se presentara a la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas a interponer el citado recurso legal.

Lee el resto del artículo en prensa.com

Esta resolución, que es un chinchollo mal redactado y juridicamente “loco”, cita la nota, “es marco para cometer abusos contra las comunidades”. En su recorridos por la costas del pacífico Veraguense, no pocas veces los equipos de trabajo de Almanaque Azul se han visto acosados por capataces y guardas de empresas que no quieren dar acceso a la playa y hemos documentado numerosos conflictos entre empresas y las comunidades, como es el caso de Bahía Honda, Playa El Flor, Santa Catalina, etc. Por lo cual no tenemos duda de que esta denuncia tenga fundamento.

Tuvimos acceso al mencionado decreto, emitido por la gobernación de Veraguas, y analizamos que podría tener inconsistencias jurídicas que atentan contra el Estado de Derecho, dando paso a que se puedan cometer atropellos contra las comunidades, como lamentablemente ya viene sucediendo.

Se hace necesario que medios de comunicación e instancias estatales que procuran los derechos humanos investiguen para conocer con mayores detalles este hecho lamentable.

Bajar la resolución del Ministerio de gobierno y Justicia, Gobernación de Veraguas, No. 05 del 22 de Febrero de 2010 (PDF, 387 Kb)