ACTUALIZADO 2010.06.18 – Oculto en una nueva ley diseñada para crear incentivos a las aerolíneas que operan en Panamá, el gobierno de Panamá ha aprobado un debilitamiento de las normas ambientales y laborales del país, al eliminar la necesidad de presentar estudios de impacto ambiental a proyectos públicos y privados, restringir el derecho a huelga, dificultar el financiamiento de los sindicatos y aumentar la libertad de acción de la Policía Nacional.

2010.06.16 – Una amplia coalición informal de miles de ciudadanos sin afiliación, agrupaciones ambientales, sociales, obreras y de derechos humanos se ha organizado en contra de la ley 30, que ya ha sido sancionada y publicada. La ley ha motivado un intenso debate nacional y atención internacional debido a lo que se percibe como un importante paso de la administración con miras a realizar su programa de “desarrollo”. El presidente, por su parte, se ha mostrado dispuesto a asumir el costo político a casi un año de gestión, y diversos grupos de abogados preparan demandas en contra de la forma y el fondo de la ley.

El jueves 17 de junio varios miles de personas marcharon de forma pacífica hacia la presidencia de la república, bajo la amenaza explícita del ejecutivo de que la marcha sería reprimida por la Policía Nacional, cuyos agentes gozan, bajo la nueva ley, de mayor libertad de acción para cometer actos violentos contra los ciudadanos. Esta fue la segunda marcha después de otra convocada por organizaciones ambientales dos días antes.

2010.06.14 – El proyecto de ley “9 en 1″ espera la sanción del presidente Ricardo Martinelli y su publicación en la Gaceta Oficial para convertirse en ley. La ley terminó su paso por la Asamblea peor que como empezó, incluyendo ahora la posibilidad de eximir proyectos privados del requisito de estudios de impacto ambiental. La lectura y votación en tres debates del proyecto de ley en la Asamblea ha motivado una reacción sin precedentes en los diez meses del gobierno populista de Martinelli.

Baja aquí (PDF, 1.5 MB) la versión final del proyecto de ley 177 aprobada en tercer debate.

Los artículos que modifican el código de trabajo (derecho a huelga, organización sindical) y el reglamento de la policía, junto con el relajamiento de los requisitos ambientales de proyectos designados por el ejecutivo, han sumado a diversas organizaciones y ciudadanos al movimiento de oposición. El sábado, una protesta pacífica en torno a la Asamblea no logró evitar la aprobación del proyecto, que ocurrió a lo largo de líneas partidistas, pero acaparó la atención de los medios de comunicación y atrajo a cientos de personas.

El artículo relativo al impacto ambiental, el artículo 33, fue reescrito en su totalidad, refiriéndose ahora a un proceso de “guía de buenas prácticas ambientales” y permitiendo que obras privadas puedan acogerse al nuevo régimen. Se eliminaron las excepciones hechas a megaproyectos mineros, hidroeléctricos y otros que fueron introducidas en el primer debate, relajando de hecho la normativa ambiental a toda actividad, obra o proyecto, pública o privada, de “interés social” o no.

2010.06.11 – El proyecto de ley 177 ha sido aprobado por la Asamblea Nacional en primer y segundo debate en medio de fuertes acciones de protesta por parte de sindicatos, el movimiento ambiental, otros miembros de la sociedad civil y diputados de oposición. Se esperan más protestas en la Asamblea durante el tercer debate el sábado 9 de junio.

Baja aquí (PDF, 1 MB) el proyecto de ley 177 con las modificaciones hechas en el primer debate, que incluyen que los proyectos mineros, hidroeléctricos y otros no podrán ser exentos del requisito de presentar EIA. Esta modificación fue rechazada por los grupos ambientales, que exigen la derogación del artículo 27 del proyecto.

Mientras tanto, la campaña de antiinformación del gobierno no se hizo esperar. En una nota en el sitio web de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea, José Luis Varela, invoca credenciales de reforestador y acusa a los grupos ambientalistas de tener “intereses económicos muy grandes”. Los ambientalistas, a través de una campaña de Facebook, habían invitado en la mañana a la ciudadanía a enviar mensajes de texto a Varela. Aquellos que lo hicieron recibieron en respuesta el siguiente mensaje:

“Lee la ley, no es como lop pintan! Hay grupos ambientalistas que estan tras negociados grandes!! Este gobierno no dañara el ambiente pero necesitamos desarrollo, el metro para acabar el problema del transporte y muchos otros proyectos mas. De todas formas gracias.”

Los estudios de impacto ambiental (conocidos por las siglas “EIA”) son una herramienta para controlar de qué manera una obra puede afectar al ambiente y darle o no darle permiso de proceder, o modificarla para controlar ese impacto. Cualquier persona o empresa que quiera construir algo, o sacar algo de la tierra, o modificar algo debe presentar un EIA y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) debe aprobarlo antes de empezar a trabajar.

Existen estudios de distinta categoría, dependiendo de si el proyecto es, digamos, una ampliación de la terraza de tu casa en la ciudad, o una mina de oro gigante en medio de un bosque virgen. Ya hoy en día muchos EIA son poco más que un requisito burocrático sin valor científico alguno. En otros casos, como fue el de la mina de Petaquilla, las empresas con poder e influencia pueden empezar a operar sin que sus estudios sean aprobados. Por otro lado, muchos proyectos diferentes en un sólo lugar pueden tener un “efecto acumulado” que los EIA no reflejan. Tal es el caso de las hidroeléctricas gigantes en los ríos de Chiriquí. Cada una presenta su pequeño estudio, pero ninguna evalúa el efecto de todas esas hidroeléctricas juntas en un sólo río. Ciertamente el mecanismo de los estudios de impacto ambiental debe ser reformado.

De hecho, el administrador de la ANAM, Javier Arias, ha afirmado en su momento que habría que agilizar el proceso de los EIA, pero nadie se imaginaba que el ejecutivo los querría eliminar del todo. El artículo 27 del proyecto de ley establece que las actividades o proyectos del Estado que sean declarados de “interés social” estarán exentos de presentar EIA. Además, por ahí mismo, deroga el artículo de la ley 41 de 1998 que incentiva a los ciudadanos a denunciar delitos ambientales.

El proyecto de ley, presentado por el ministro de gobierno y justicia, José Raúl Mulino, tiene supuestamente el objetivo de “promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial en Panamá”, pero la eliminación del requisito del EIA fue introducido subrepticiamente. Se incluyen además otras perlas ocultas como la prohibición de suspender o detener preventivamente a los policías que cometan crímenes violentos (artículo 23) y modificaciones al código de trabajo en lo relativo a huelgas (artículos 12 a 15).

El uso de la frase “desarrollo sostenible” en el título del proyecto de ley es otra muestra más de cómo el concepto ha perdido todo significado, o más bien ha confirmado la contradicción que hay en él: no puede existir “desarrollo”, es decir crecimiento económico, que sea infinito y sostenible.

Baja aquí el Proyecto de Ley No. 177, “Que adopta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, actividades en desarrollo y dicta otras disposiciones” (PDF, 552KB)