31 de marzo de 2009

Las comunidades Naso de San San, San San Druy y San San Tigra han permanecido sitiadas por efectivos de la Policía Nacional bajo el mando de la Corregidora del Teribe, Aracelys Sánchez, durante las últimas treinta y cuatro horas. El violento desalojo inicio este lunes 30 de marzo a tempranas horas en la comunidad de San San Druy. Aunque la Policía entro al área con la supuesta intención de realizar un desalojo a favor de la Empresa Ganadera Bocas, todavía resulta inexplicable la razón por la que los policías se ha quedado acampando y pernoctando el área. Han establecido retenes policiales en el paso peatonal que conduce a la comunidad para obstaculizar el libre tránsito de las personas. Uno de los afectados y voceros de la comunidad Don Lucho Gamarra indica que “nos sentimos rehenes en nuestra propia tierra, castigados sin haber cometido un delito, solo porque continuamos reclamando nuestras tierras y exigiendo la definición de una Comarca para el Pueblo Naso”.

La irregular presencia de las fuerzas del orden público ha mantenido aterrorizada a la población indígena que quedo totalmente a la intemperie, sin comida ni techo. Varios niños y niñas tuvieron que ser llevados a urgencias en horas de la madrugada de hoy martes por intoxicación producto de los gases lacrimógenos que la Policia Nacional lanzó a las viviendas tradicionales de familias Naso, que permanecían dentro, resistiendo el desalojo.

Según informes brindados vía celular por los moradores que se mantienen en el área, hasta el momento las maquinarias de la Empresa Ganadera Bocas ha destruido once viviendas, una abarrotería y una iglesia en la comunidad de San San Durui. La única casa tradicional que se mantiene en pie es el Centro de la Cultura Naso, obra que estaba por inaugurarse el próximo 10 de mayo y que fue tomado por la policía como refugio y garita de vigilancia. En horas de la tarde de hoy las maquinas entraron a la comunidad de San San ha continuar con la cruel tarea de dejar a mas familias Naso sin hogar.

Las personas de las comunidades se mantienen acampando en los terrenos donde estaban ubicadas sus casas, han hecho una olla común a orillas del río y están tratando de rescatar algunas pertenencias. En lo que era casa de Lucho Gamarra, investigador del Centro de la Cultura Naso, se encontraban valiosos documentos y artículos que durante varios meses de tarea había estado recopilando sobre la historia y cultura de su pueblo para los diversos talleres y exhibiciones que iban a realizar con las 11 comunidades Naso en el mes de mayo y junio.

Eliseo Vargas miembro de la Fundación Naso responsabiliza directamente “al gobierno panameño por los abusos, hostigamiento y violaciones a nuestros derechos en las comunidades de San San y San San Druy por parte de la empresa Ganadera Bocas S. A., ya que si tuviéramos definidos los límites de nuestra propuesta de Ley Comarca Naso, no existiera hoy día esta problemática de tierra, límite y camino de acceso entre estas comunidades y la empresa Ganadera Bocas S. A.”

Los últimos acontecimientos se suman a operaciones similares que se han realizado durante la administración de la Gobernadora Esther Mena de Chiu, incluyendo los hechos ocurridos en el Río Changuinola en junio de 2006 y en enero de 2008; en la isla de Cayo de Agua en octubre de 2008 y en febrero de 2009, y repetidas instancias de intervención policial arbitraria en el Territorio Naso, como en Abril de 2005, Noviembre de 2007, Enero de 2008 y Abril de 2008.

La mayoría de estas intervenciones irregulares de la Policía Nacional en las comunidades indígenas han sido denunciadas a la Defensoria del Pueblo y a las autoridades judiciales sin que se hayan tomado medidas correctivas. A pesar de que las acciones policiales han sido ordenadas por los corregidores, es imposible que en estos tiempos de inseguridad ciudadana estos funcionarios tengan mando sobre decenas y hasta cientos de policías a un mismo tiempo sin el consentimiento de las autoridades provinciales de más alto nivel. Más bien, los hechos sugieren que se ha implementado una política sistemática de represión en contra de la población indígena utilizando métodos y practicas propios de los peores años de la historia política de nuestro país.

Por todo lo antes expuesto, exhortamos al Ministro de Gobierno y Justicia, Rafael Mezquita, a que ordene de inmediato la salida de la Policía Nacional de la comunidad de Indígenas Naso, y que se realice una investigación a lo interno de la institución sobre lo que ha estado pasando en Bocas del Toro; al Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, que ofrezca sus buenos oficios para coordinar la asistencia humanitaria a las personas de las comunidades y contribuya a la resolución pacifica de este conflicto; al Ministerio de Desarrollo Social, María Roquebert de León, que realice urgentemente una evaluación social de los hechos acaecidos a las familias afectadas; y a la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde de Gómez, a que realice una investigación exhaustiva sobre las violaciones a los derechos humanos que se han venido dando en esta Provincia con la sanción de las autoridades gubernamentales.

Adjunto presentación con fotografías suministrada por la Fundación Naso con narraciones de testimonios de las comunidades afectadas.

– Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)